Y es que desde el año 2009, las infraestructuras han sido abandonadas a su suerte, víctima de los sucesivos y reiterados ajustes en los presupuestos públicos. En concreto y para la red dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entre 2009 y 2019 los recursos destinados a conservación y seguridad vial se han visto mermados en un 76%.
Esto explica el hecho de que, de los 100.000 kilómetros de carreteras representados en la muestra auditada por la AEC, un total de 10.000 presenten deterioros graves en más del 50% de la superficie del pavimento. Roderas, grietas en las rodadas, agrietamientos gruesos, desintegraciones, deformaciones y grietas erráticas son los daños más frecuentes, los cuales pueden afectar a la estructura de la plataforma, comprometiendo la comodidad, eficiencia y seguridad de la circulación e incrementando las emisiones de gases a la atmósfera.

Inspección visual de la red vial

La investigación de la Asociación Española de la Carretera tiene su origen en las campañas de inspección visual de la red viaria que la entidad comenzó a realizar en 1985 con el objetivo de conocer el estado de la pavimentación y del equipamiento, así como de estimar la inversión mínima necesaria para alcanzar niveles de servicio adecuados.
En la serie estadística recogida en los resultados del presente informe, se observa cómo, en el año 2001, la conservación de la red viaria aprobaba de forma holgada el examen periódico de la AEC, para llegar a situarse en 2019, 20 años después, rozando el muy deficiente.
Darle la vuelta a esta situación requiere una inversión mínima de 7.463 millones de euros, cantidad en la que la asociación cifra el déficit que acumula el mantenimiento del conjunto de las infraestructuras viarias del país y que se reparte, para las redes del Estado y Autonómica y Foral, como sigue:

• 2.376 millones en la red que gestiona el Estado, la cual tiene una longitud de 25.000 kilómetros,
• 5.087 millones en la que administran los gobiernos autonómicos y forales, que suma un total de 75.000 kilómetros.

Desde la última auditoría, realizada en 2017, las necesidades de conservación de las carreteras españolas se han incrementado un 5,7%, dando al traste con un tercio de su valor patrimonial en poco menos de una década. Una factura de 71.000 millones de euros que los españoles también habrán de asumir, y que se añade al aumento de las emisiones y al incremento en los consumos de combustible, que diversos estudios cifran en 1.200 millones de euros.

La fotografía que muestra el estudio de la Asociación Española de la Carretera tiene consecuencias directas e inmediatas sobre la viabilidad de las distintas medidas que el Gobierno se propone acometer en el marco del Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, aprobado el pasado febrero y al que el Presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se ha referido como “un proyecto de país, ni más ni menos”.
La Estrategia “Sistema Seguro” –que se orienta a reducir a la mitad el número de fallecidos por accidente de tráfico en 2030-, la Ley de Movilidad y la Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada son tres de los cuatro grandes desafíos que están en la hoja de ruta del actual Ejecutivo, pero que pueden verse amenazados si la situación de las infraestructuras viarias no da un giro de 360 grados.

El cuarto (alcanzar la neutralidad climática en 2050 como meta fundamental del Pacto Verde Europeo) "es, sencillamente, una quimera desde la óptica en la que las administraciones públicas españolas han instalado sus políticas de movilidad" aseguran desde la AEC.

Inversión en infraestructuras

En la coyuntura actual, la única solución posible para las carreteras españolas pasa por la definición de un espacio de financiación propio, global y sostenible, que habría de nutrirse con recursos provenientes de:

• Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales.
• Fondos Europeos (ayudas a la recuperación post-Covid…).
• Sistemas de pago directo.

La peor nota en 20 años

La conclusión más relevante del estudio sobre “Necesidades de Inversión en Conservación 2019-2020” es el acusado deterioro de los pavimentos, que obtienen una calificación media de “deficiente”, a escasos puntos del “muy deficiente”.
El estado del pavimento en las carreteras titularidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana baja su nota en un 7% con respecto a 2017. Las vías autonómicas, por su parte, empeoran un 3% frente a la calificación obtenida en la auditoría anterior.
Por lo que respecta al déficit, el pavimento acumula el 94% del total, lo que se traduce en unas necesidades de inversión en reposición y refuerzo de firmes cifradas en 7.008 millones de euros para el conjunto de las carreteras españolas (un 6,5% más que en 2017). De ellos, la Red del Estado, de 25.000 kilómetros de longitud, precisa de 2.224 millones de euros, y la Red Autonómica (con 75.000 kilómetros) de 4.784 millones.