Son datos que se desprenden del último informe sobre “Necesidades de Inversión en Conservación” desarrollado por la Asociación Española de la Carretera (AEC) en el segundo semestre de 2017, y que afecta tanto a las carreteras a cargo del Estado como a las que gestionan las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales.

Se trata de desperfectos que pueden afectar a la estructura de la plataforma, comprometiendo la comodidad, eficiencia y seguridad de la circulación, motivo por el cual podría ser aconsejable reducir el límite de velocidad genérico entre 10 y 20 km/h, una medida que afectaría a 6.800 kilómetros de carreteras.

En la serie estadística que se muestra en la investigación se observa cómo en el año 2001 la conservación de la red viaria aprobaba holgadamente el examen periódico realizado por la AEC, para llegar a 2017, dieciséis años después, rozando la línea roja del muy deficiente.

Darle la vuelta a esta situación requiere una inversión mínima de 7.054 millones de euros, cantidad en la que la AEC cifra el déficit que acumula el mantenimiento del conjunto de las infraestructuras viarias del país y que se reparte, para las redes del Estado y Autonómica, como sigue:

• 211 millones en la red que gestiona el Estado.
• 843 millones en la que administran los gobiernos autonómicos y forales.

Las consecuencias de la fotografía que muestra el estudio de la Asociación Española de la Carretera son tres, fundamentalmente:

1. Incremento del riesgo. El progresivo deterioro de las carreteras al que venimos asistiendo en los últimos años coincide en el momento actual con un preocupante aumento de las víctimas en accidentes de tráfico. Reducir la velocidad para reducir el riesgo es una medida que, hoy por hoy, podría ser necesario adoptar si no se apuesta por actuar en la infraestructura y solucionar los problemas de falta de conservación existentes, sobre todo los que pueden afectar de forma directa a la seguridad de la circulación.
2. Impacto ambiental e ineficiencia económica. Se estima que, solo sin el sobrecoste en consumo de combustible que supone transitar por una carretera cuyo pavimento está en mal estado, se evitaría emitir tres millones de toneladas de CO₂ al año, además del sensible incremento de los gastos de mantenimiento del vehículo.
3. Pérdida de capital social. Según se desprende del propio informe de la AEC, entre 2001 y 2017, las carreteras del Estado han perdido un 36% de su valor patrimonial, y las de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, un 38%.

¿La solución? Incrementar en 300 millones de euros durante un período de ocho años las partidas destinadas a conservación y refuerzo de firmes en los Presupuestos Generales del Estado. Esto es, hay que pasar de los 900 millones de euros que se invierten actualmente, a 1.200 millones, sin considerar en esta cifra las cantidades que habrán de destinarse al mantenimiento de las autopistas de peaje en las que el Gobierno “levante la barrera”.

Respecto a las carreteras dependientes de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, se requiere destinar 600 millones de euros más al año durante los próximos ocho ejercicios a su mantenimiento -para el conjunto de las autonomías-.