Este barómetro es un índice (con base 100) que valora el nivel de cumplimiento de los territorios de diferentes objetivos tales como: alcanzar un 10% de cuota de mercado de vehículo electrificado; conseguir un 70% de penetración de vehículo puro respecto de vehículo electrificado; el volumen necesario de puntos de recarga para lograr este objetivo (3,3 puntos por cada 1.000 personas en edad motorizable) y que el 30% de estas infraestructuras sean de recarga rápida o superrápida.

Con estos elementos, se realiza una valoración, siendo el nivel o valor 100, el total cumplimiento de estos objetivos. En esta escala y en función de los diferentes grados de alcance de los objetivos, se da un valor o nivel a cada territorio.

En este sentido, el indicador global de Electromovilidad del Barómetro ANFAC, que mide tanto la penetración del vehículo eléctrico como el desarrollo de las infraestructuras, señala que España está a la cola de Europa en la movilidad eléctrica, solo por delante de Italia, ya que se colocaría en un nivel 15 frente al 100 que supondría el cumplimiento total de los mínimos antes mencionados.

Para Mario Armero, vicepresidente ejecutivo de ANFAC, “el vehículo eléctrico es clave en el desarrollo presente y futuro de la industria de la automoción. El compromiso de los fabricantes con la reducción de las emisiones contaminantes y la lucha contra el cambio climático es una realidad, sobre todo si se tiene en cuenta que más del 60% de los modelos que van a llegar al mercado en 2019 y 2020 cuentan con versión electrificada”.

Con todo, “las fábricas españolas necesitan incrementar su porcentaje de fabricación de vehículos electrificados y, para ello, es indispensable un mercado fuerte, una demanda en alza que justifique las adjudicaciones de modelos a nuestras plantas”, afirmó.

Asimismo, “es necesario que las administraciones se comprometan, a la luz de estos números, con el apoyo decidido a estos vehículos. De hecho, son palpables los resultados de aquellas que han introducido planes de ayuda o estímulo. Se necesitan planes de renovación del parque y ayudas a la compra de estos vehículos; estímulos fiscales; mejoras en las condiciones para las empresas de cara a hacer más rentable la instalación de puntos de recarga e incentivos públicos para el desarrollo de infraestructuras de recarga rápida y superrápida”, detalló Armero.