Desde que el pasado mes de junio Stellantis anunciara la reestructuración de su red y un nuevo modelo de distribución basado en el contrato de agencia, Ganvam –que ha mantenido reuniones de trabajo con sindicatos y resto de patronales sectoriales para apoyar a las cuatro asociaciones de concesionarios del grupo- da un paso más en defensa de sus asociados y aumenta la proactividad en un momento en el que los distribuidores demandan actuaciones más enérgicas contra la marca para proteger sus derechos.
De esta forma, los afectados pueden solicitar asesoramiento personalizado para las acciones que consideren pertinentes en defensa de sus intereses, máxime cuando los distribuidores acusan “falta de sensibilidad” por parte del fabricante. Y es que, en un contexto de falta de suministro por la crisis de los semiconductores, no ha ajustado las condiciones contractuales a la realidad del mercado.
Actuación en Bruselas
En este contexto, en el que la transición digital transforma el papel de la red, Ganvam pelea también por implantar un entorno jurídico y reglamentario en consecuencia.
Dado que en España no existe una normativa específica que regule los contratos de distribución de vehículos, sino que dependemos de una regulación comunitaria que expira el próximo mes de mayo -Reglamento 330/2010-, defiende ante la Comisión Europea la necesidad de corregir la asimetría actual y aboga por proporcionar seguridad jurídica a las inversiones acometidas por las redes.
En concreto, al cambiar su estatus de concesionario a agencia y dado que el agente genuino no puede soportar riesgo financiero ni comercial, defienden la necesidad de que los concesionarios reciban compensación por la inversión ya realizada y aprovechada ahora en la nueva red de agentes.
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Acceso al dato
Por otro lado, como miembro fundador del Consejo Europeo del Comercio y la Reparación del Automóvil (CECRA), impulsa en Bruselas el marco regulatorio que permita el acceso abierto de vendedores y talleres a los datos que genera el coche conectado con el fin de garantizar la libre competencia y proteger el futuro de las pequeñas empresas y autónomos.
En lugar de que la vía de acceso a estos datos sean los servidores de las propias marcas, defiende una plataforma abierta y segura que no limite la capacidad de innovación ni los servicios que vendedores y talleres pueden ofrecer, ya que, si toda la cadena de valor maneja información transparente sobre los patrones de consumo, se estará favoreciendo una mayor oferta de servicios y, por tanto, precios más competitivos, lo que es una ventaja para el consumidor.
